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Barack Obama, que asumirá pasado mañana, no parece dispuesto a investigar las irregularidades de la administración Bush, con lo que, de hecho, los gobernantes no enfrentarán consecuencia alguna, aunque abusen del poder.

El domingo pasado, le preguntaron al presidente electo de Estados Unidos, Barack Obama, si buscaría una investigación sobre posibles crímenes por parte de la administración Bush. “Yo no creo que nadie esté por encima de la ley”, respondió, pero “necesitamos ver hacia delante en vez de mirar hacia atrás”.

Lo siento, pero si no tenemos una averiguación sobre lo que ocurrió durante los años de Bush -y casi todos han asumido que las declaraciones de Obama equivalen a que no la tendremos- eso significa que quienes tienen el poder de hecho están por encima de la ley, ya que no enfrentan consecuencia alguna si abusan de su poder.

Seamos claros con respecto al tema que aquí abordamos. No solamente es la tortura y el espionaje de comunicaciones, cuyos perpetradores alegan, aunque de manera inadmisible, que ellos fueron patriotas actuando en la defensa de la seguridad de la nación.

El hecho es que los abusos de la administración Bush se extendieron desde la política ambiental hasta los derechos al voto. Además, la mayoría de los abusos involucraron el uso del poder gubernamental para recompensar a amigos políticos y castigar a enemigos políticos.

En el Departamento de Justicia, por ejemplo, nominados políticos reservaron ilegalmente posiciones no políticas para “estadounidenses de pensamiento correcto” -es su término, no el mío- y existe firme evidencia que funcionarios utilizaron sus posiciones tanto para socavar la protección de los derechos al voto de minorías como para perseguir a políticos demócratas.

El proceso de contratación en el área de Justicia hizo eco del proceso de contratación durante la ocupación de Irak -ocupación cuyo éxito supuestamente era esencial para la seguridad nacional-, en el cual los aspirantes fueron juzgados con base en su inclinación política, su lealtad personal al presidente Bush y, con base en algunos informes, sus opiniones sobre el caso Roe vs. Roe en vez de por su capacidad para desempeñar el trabajo.

Hablando de Irak, no olvidemos la fallida reconstrucción de ese país: la administración Bush entregó miles de millones de dólares en contratos sin previa licitación a empresas que tenían conexiones políticas, los cuales después no lograron cumplir.

¿Y por qué deberían haberse molestado en hacer su trabajo? Cualquier funcionario gubernamental que intentara hacer valer la rendición de cuentas sobre Halliburton, digamos, rápidamente descubría que su carrera había sido descarrilada.

Hay mucho, mucho más. Con base en mi propio conteo, al menos seis importantes dependencias gubernamentales experimentaron importantes escándalos a lo largo de los últimos ocho años; en la mayoría de los casos, estos escándalos nunca fueron investigados de manera apropiada.

Y después estuvo el mayor escándalo de todos: ¿acaso alguien duda con seriedad que la administración Bush haya engañado deliberadamente a la nación para que invadiera Irak?

¿Por qué, entonces, no habríamos de tener una averiguación oficial sobre abusos durante los años de Bush?

Una respuesta que se oye es que ir en pos de la verdad crearía divisiones, que se exacerbaría el partidismo. Pero si el partidismo es tan terrible, ¿acaso no debería haber alguna pena por la politización de cada aspecto del gobierno por parte de la administración Bush?

De manera alternativa, nos dicen que no tenemos que atorarnos en los abusos del pasado, ya que no los vamos a repetir. Sin embargo, ninguna figura de importancia en la administración Bush, o entre los aliados políticos de la Administración, ha expresado arrepentimiento por violar la ley. ¿Qué les hace pensar a cualquiera que ellos o sus herederos políticos no lo harán todo de nuevo, si se les da la oportunidad?

De hecho, ya vimos esta película. Durante los años de Reagan, los conspiradores del caso Irán-contra violaron la Constitución de Estados Unidos en nombre de la seguridad nacional.

Sin embargo, el primer presidente Bush indultó a los principales malhechores, y, cuando la Casa Blanca finalmente cambió de manos, el grupo dominante en política y medios de comunicación masiva le dio a Bill Clinton el mismo consejo que le está dando a Obama: deja que los escándalos latentes queden como están.

Seguro, la segunda administración Bush retomó justo donde se habían quedado los conspiradores de Irán y la contra; lo cual no causa mucha sorpresa si tenemos en cuenta que Bush de hecho contrató a algunos de esos conspiradores.

Ahora bien, es cierto que una seria investigación de los abusos en la era de Bush volvería a Washington un lugar incómodo, tanto para quienes abusaron del poder como para quienes actuaron como sus procuradores o apologistas. Y estas personas tienen muchos amigos. Sin embargo, el precio de proteger su comodidad sería alto: si cubrimos superficialmente los abusos de los ocho años pasados, garantizaríamos que ocurran de nuevo.

En el ínterin y con respecto a Obama: si bien probablemente esté en sus intereses en el corto plazo perdonar y olvidar, pasado mañana él va a jurar “preservar, proteger y defender la Constitución de Estados Unidos”. Ese no es un juramento condicional que se debe honrar sólo cuando resulta conveniente.

Además, con miras a defender la Constitución, un presidente debe hacer más que obedecer él mismo la Constitución; debe llamar a rendir cuentas a quienes violen la Constitución. Así que Obama debería reconsiderar lo que al parecer es su decisión de permitir que la administración previa escape a las consecuencias del crimen. Haciendo a un lado las consecuencias, él no tiene derecho a tomar esa decisión.

Paul Krugman es profesor de Economía en la Universidad de Princeton y premio Nobel de Economía 2008.

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